La FUA convoca a un abrazo en el Ministerio para hacer oir su reclamo

Los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina convocaron para el próximo viernes a partir de las 15 horas a un abrazo al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación.

 

Este viernes 26 desde la Federación Universitaria Argentina realizarán un abrazo simbólico al Ministerio de Educación de la Nación, en reclamo de respuestas a los diversos reclamos de la comunidad universitaria de todas las universidades nacionales.

 

También, los estudiantes realizarán una radio abierta, brindarán clases públicas y repartirán volantes para concientizar en torno a las reivindicaciones que llevan adelante.

 

El 29 de Mayo, los estudiantes nucleados en la FUA presentaron un pedido de informes dirigido a las máximas autoridades de la cartera educativa para solicitar "urgentes medidas que reviertan el decaimiento de la excelencia académica y la elevada tasa de deserción y abandono estudiantil" y a la vez, un detallado informe acerca de la política de becas, voluntariado, presupuesto universitario y la Ley de Educación Superior.

"Casi dos meses pasaron y todavía no tuvimos respuestas", señaló Emilio "Búho" Cornaglia, titular de la histórica Federación.

 

"Los millones de pesos destinados a los programas de Becas y Voluntariado, siguen siendo administrados de manera discrecional y arbitraria por dos militantes de La Campora", indicó, en referencia a las funcionarias Laura Alonso y Anabella Lucardi.

 

Cornaglia, joven estudiante próximo a terminar su carrera de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, concluyó indicando que "los cambios en materia educativa no son instantáneos, pero exigimos empezar ahora mismo".-

 

LA DOBLE BRECHA QUE MANTIENE DIVIDIDO AL PAÍS

Por LUIS ALBERTO ROMERO para Escenarios Alternativos*


La Argentina es hoy un país atravesado por dos brechas tan profundas como diferentes. Una es política e ideológica; la otra es social. No coinciden ni se superponen. Cada una, a su modo, representa un problema para quienes se hagan cargo del gobierno en 2015, quizá no el más urgente, pero sí uno de los más importantes.

La brecha político-ideológica no es nueva. Desde principios del siglo XX, con otro país y otra sociedad, se formó un patrón de convivencia política dominado por el faccionalismo y la denegación recíproca de legitimidad. Su origen se halla en la idea de la unidad del pueblo y la nación, amenazados por la conspiración de elementos ajenos, como la antipatria o la oligarquía. Tal idea, asumida sucesivamente por el yrigoyenismo y el peronismo, arraigó en experiencias sociales profundas, propias de una sociedad inmigratoria y con fuerte movilidad, de identidad inestable y conflictiva. Los excluidos generaron sus propios argumentos de recusación y la política se desarrolló hasta 1983 en ese contexto faccioso y conflictivo.

En 1983 pareció que se daba vuelta la página. La civilidad se unió alrededor de los derechos humanos y la democracia. La pluralidad fue valorada, aunque ya una cierta intolerancia se insinuó en el campo de los derechos humanos. Luego, mientras la decepción fue restando a la democracia su capacidad aglutinante, los protagonistas o herederos de los setenta abandonaron el lugar de "víctimas inocentes" y reivindicaron sus antiguas luchas y métodos. Se produjo entonces una asombrosa confluencia entre la reivindicación extrema de los derechos humanos y la de la lucha armada. Un compuesto político-ideológico -cabalmente expresado por Hebe de Bonafini- que, más allá de su íntima contradicción, tuvo enorme potencia para erosionar los valores del pluralismo y restablecer la brecha.

Este motivo ideológico se expandió en los noventa, en un debate fluido y abierto, mezclado con los reclamos por la democracia republicana y social que generó el menemismo. El kirchnerismo integró estos variados elementos -el progresismo, el setentismo y los derechos humanos- dentro de la antigua matriz peronista de la unidad del pueblo y la exclusión. El enemigo, definido de manera genérica, fueron los militares, el campo, Clarín o los jueces, de acuerdo con la coyuntura política y con las diferentes sensibilidades de los seguidores. A diferencia del peronismo original y de los setenta, hubo poca sinceridad y un uso instrumental, casi hipócrita, del discurso. El gobierno machacó empeñosamente y logró reconstruir la brecha política. Muchos se sintieron más cómodos con ella que con el pluralismo de 1983.

Los opositores tuvieron un papel más pasivo: recibieron los cachetazos sin estar convencidos de que debían devolverlos, porque les preocupaba la institucionalidad y porque se enredaron en las meritorias formas externas del discurso oficial. Pero no pudieron evitar el lugar en que los colocó el Gobierno. De ese lado hubo poca argumentación eficaz, y el vacío se llenó con descalificación personal, más bien mezquina. Una buena parte de la gente común contempla hoy, sin entender demasiado, el feroz enfrentamiento de dos grupos más apasionados que razonantes, encastillados en sus argumentos, que no encuentran terreno común para dialogar y que ni siquiera coinciden en los hechos y los datos sobre los que discutir.

La segunda brecha divide en dos a la sociedad: la parte normalizada o establecida y el mundo de la pobreza. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo: antes de los años setenta la Argentina tuvo pobres y "villas miseria", pero no un mundo de la pobreza. Éste se formó desde fines de los setenta, por el desempleo -fruto de la apertura económica y las privatizaciones- y por la deserción del Estado. Viene creciendo de manera sostenida, hasta incluir una cuarta parte de la población, o quizás un tercio. Entre diez y doce millones de argentinos están privados de lo que nuestra sociedad y nuestra época han llegado a considerar lo mínimo de una existencia digna.

En estas cuatro décadas, la sociedad argentina se polarizó y se segmentó. A una parte no menor le va muy bien. Otra parte -las "clases medias" y los trabajadores formalizados- logra con dificultad mantener lo que antes se llamaba la "decencia": la vivienda, el trabajo, la confianza en la educación, la expectativa de que los hijos estén mejor. También una cierta confianza en que el mejoramiento individual guarda alguna relación con el interés general. El mundo de la pobreza también tiene solidez e identidad, y una fuerte capacidad para reproducirse. Se ha consolidado un tipo de sociabilidad comunitaria, una forma de entender la vida y un conjunto de valores y expectativas singulares, que ya no dependen de la falta de empleo. Ni el trabajo estable ni la educación ocupan un lugar central, y la ley tiene una significación relativa. Pero, en cambio, son sólidas las jefaturas personales, de referentes o de "porongas".

Son dos partes diferentes, pero con muchas relaciones. Hay nexos positivos, como el Estado, que llega cuando hay que apagar un incendio, o las organizaciones voluntarias, que articulan redes solidarias. Pero los nexos negativos son más fuertes: las organizaciones delictivas, el narcotráfico y hasta la policía, ubicada a ambos lados de la ley. La Salada, importante para la subsistencia de los pobres, constituye en el fondo un formidable mecanismo de explotación. Finalmente la política, enganchada con el poder público, ha montado un sistema para traducir la ayuda estatal en apoyo político y votos.

Los que hablan por los pobres son pocos. Los sindicatos tienen su base en los trabajadores formales. Muchas organizaciones sociales se han integrado a la maquinaria del gobierno, y sus dirigentes medraron. Perdieron fuerza las organizaciones piqueteras más radicales, que en su momento impulsaron su autoorganización. Sólo sigue siendo efectivo el recurso de irrumpir en el mundo de la sociedad establecida para recordar su existencia, con piquetes o con la cotidiana ocupación de las calles. Suficiente para la dádiva, pero insuficiente para generar políticas más consistentes.

La brecha política y la brecha social son intolerables, pero diferentes. La primera envenena la convivencia y obstaculiza la reflexión colectiva. La segunda constituye un problema estatal y sobre todo un desafío ético. Hay pocas relaciones entre ambas. La protesta de los pobres carece de la fibra ideológica y política que movilizaba a villeros y trabajadores en los setenta, y también del sentimiento que en su tiempo suscitaron Perón y Evita. Con los Kirchner hay más cálculo que pasión, y muy poco amor. En cambio, hay pasión entre quienes se alinean ideológicamente con el Gobierno, pero sus ideales no pasan particularmente por los pobres. No se parecen a los jacobinos de la Revolución Francesa, que honraban la igualdad del pueblo, sino a los de Napoleón, que encontraron en el discurso jacobino un instrumento eficaz para el mejoramiento personal.

Son problemas que requieren políticas distintas. En el caso de la brecha ideológica, poco puede hacerse con este gobierno. Cuando cambie, habrá que tener bien presente la nefasta experiencia de 1955 y evitarla. El pluralismo y la convivencia -que parecen cuadrar poco con nuestro ADN cultural- deben volver a ser, como en 1983, un principio básico, y habrá que hacer todo lo necesario para que quienes hoy están en costados distintos de la brecha vuelvan a convivir en armonía. Aunque no sea apasionante, es un objetivo razonable.

Cerrar la brecha social, en cambio, es una tarea de largo plazo, más bien un horizonte, de esos que ayudan a caminar. A las dificultades específicas hay que sumar la previsible resistencia de todos los que se benefician con la pobreza, incluyendo políticos tentados con heredar el sistema. Es una tarea de todos: de los gobiernos, de sus opositores y de la sociedad civil y sus organizaciones. Sobre todo, es la tarea del Estado. Un Estado que hoy está hecho jirones y que, simultáneamente, debemos empezar a recomponer.



*Revista digital mensual dirigida por Jesús Rodríguez www.escenariosalterativos.org

Oscuro, polémico, frágil (análisis sobre el acuerdo YPF-Chevrón)

 

Por Carlos Pagni para La Nación

 

 

El kirchnerismo está agregando otra página oscura a la historia de sus relaciones con la energía. Ayer, YPF anunció un acuerdo con Chevron cuyos detalles siguen siendo misteriosos. Sólo se sabe que ambas compañías integrarán una sociedad en partes iguales a la que se asignarán 97.607 acres de Vaca Muerta. Chevron aportará 1240 millones de dólares para una explotación inicial de 4942 acres, 740 de los cuales se destinarán a la adquisición de los activos y 240, a compensar a YPF por los trabajos realizados en la zona. De modo que la inversión genuina será de sólo 500 millones de dólares.

La suma de 1500 millones, que se venía adelantando, era engañosa: incluía las inversiones ya realizadas por YPF en esa zona.

El pacto se consolidará dentro de 60 días. Las valiosas áreas con que dotarán a la nueva sociedad, Loma La Lata Norte y Loma Campana, serán rebautizadas. Se llamarán Área Mosconi. Fue una exigencia de Cristina Kirchner, quien quiso conservar siquiera un recuerdo nominal de la vana furia nacionalista con la que hace poco más de un año ingresó en YPF. Tal vez ignore que la creación de esa empresa nacional obedeció a una intempestiva reacción del general Mosconi frente a California Standard Oil, su eterna enemiga. California Standard Oil hoy es Chevron.

El acuerdo tiene varios aspectos controvertidos. En principio, transfiere a Chevron activos de Repsol de los que el Estado se apropió sin poner una moneda. Quiere decir que Galuccio va a cobrar por bienes por los que todavía no pagó. El pragmático Alí Moshiri, responsable de Chevron para América latina, parece no desvelarse demasiado por esa violación al derecho de propiedad. Además, el riesgo de la operación es nulo. Los yacimientos que forman parte de la transacción ya son explotados por YPF. También la selección del socio deja mucho que desear. La performance productiva de Chevron ha sido mucho menos satisfactoria que la de Repsol, lo que es decir bastante. En síntesis: la Presidenta, que expropió YPF para sancionar a la multinacional española, reprivatiza ahora algunos de esos activos a una multinacional norteamericana cuyo compromiso inversor fue más débil que el de empresa castigada.

La fragilidad política y jurídica de esta transferencia explica su hermetismo. Galuccio apenas emitió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores. Las razones de esa timidez se esbozaron ayer por la mañana, en una reunión de directorio convocada de urgencia la noche anterior. Los detalles del convenio siguen en la penumbra, pero se sabe que será celebrado bajo jurisdicción estadounidense. Quiere decir que cualquier controversia se discutirá en los tribunales de Nueva York. Una disposición que tal vez se denomine Cláusula Mosconi.

La resistencia de los funcionarios de YPF a divulgar precisiones sobre el pacto fortalece la versión, que sale del seno de la empresa, sobre la existencia de artículos secretos. Estarían destinados a asegurar a Chevron que cualquier resarcimiento que Repsol pueda obtener en la justicia correrá por cuenta de YPF. Es decir, del Estado. Llama la atención también que en el comunicado a la CNV se hable de YPF "y sus subsidiarias" y Chevron "y sus subsidiarias". ¿Cuáles son esas subsidiarias? ¿Se crearán sociedades especiales para operar este convenio? ¿Será para evitar eventuales embargos?

Esas cláusulas fantasma también pondrían a salvo al inversor del cepo cambiario, para que pueda cobrar su renta en dólares. Conquistas de Moshiri, un petrolero nacido en Irán, donde se inventó el ajedrez.

La sobriedad comunicativa de Galuccio es un signo más de las dificultades de este contrato. Dentro del Gobierno, y de la propia YPF, se discute su conveniencia. Para el vicepresidente de la empresa, el inexperto Axel Kicillof, que aconsejó a Cristina Kirchner la estatización, se trata de una grave derrota. En otro caso podría esperarse una renuncia, como la del director Eduardo Basualdo, un académico célebre por su defensa del estatismo. Pero Kicillof seguirá acumulando cargos.

El acuerdo con Chevron daña al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, del Movimiento Popular Neuquino. En su comunicado a la Bolsa, Galuccio no sólo informa que transferirá recursos de la provincia. También adelanta que el acuerdo incluye la renovación por parte de Neuquén de la concesión a 35 años de las áreas explotadas. Y advierte que es una condición para que el convenio se realice. Promete hacer lo mismo con áreas de Mendoza.

En plena campaña electoral, Sapag debe resistir la crítica de quien fue presidente de la empresa provincial de energía, Rubén Etcheverry, candidato a diputado por Nuevo Compromiso Neuquino y acaso el mayor experto en la formación Vaca Muerta. Etcheverry le viene reprochando a Sapag ser cómplice de los supuestos acuerdos ocultos con Chevron.

El pacto de YPF con Chevron es tan incómodo para el oficialismo que obligó a dictar anteayer el precipitado decreto 929. Esa norma intenta universalizar los beneficios que se conceden a la petrolera norteamericana, para que no se vuelvan tan escandalosos.

El decreto tiene aspectos muy polémicos. Sobresale otra vez el olímpico desdén por las provincias, que son las propietarias de los recursos naturales. Ese carácter se lo otorga la Constitución gracias a un artículo cuya más encendida defensora fue la entonces convencional Cristina Kirchner.

Ahora una comisión de funcionarios de segundo rango, como Kicillof; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, prorrogan concesiones, dividen áreas y fijan nuevas condiciones a los contratos con el solo aval de una adhesión provincial.

Otra rareza del decreto es que otorga ventajas a las empresas que inviertan más de US$ 1000 millones. ¿Por qué no darles esos mismos beneficios a las que desembolsan 999 millones? ¿No producen hidrocarburos, generan trabajo y pagan impuestos y regalías lo mismo que las otras?

El decreto crea una categoría especial de contrato para la explotación de recursos no convencionales, para la que prevé extensiones automáticas de las concesiones. Tal como se redactó el articulado, se podría especular con que funcionarios nacionales podrán otorgar áreas por 70 años.

El problema más serio es que, convertida en un barrilete sin cola, la política energética de la Presidenta no alcanza a dar certeza a los inversores a los que ahora, a las puertas del fracaso, pretende atraer. Cuando se fundó Enarsa, también se establecieron preferencias para los que se asociaran con ella. Hasta se dictó la ley 26.154 para regularlas. Pero nadie se sintió atraído y la ley ni siquiera fue reglamentada.

Por otra parte, las ventajas que les ofrece ahora el Gobierno a las petroleras son una sombra de lo que, al comienzo de este ciclo intervencionista, se les arrebató. El anterior régimen petrolero preveía libre disponibilidad del 70% de las divisas obtenidas y no establecía retenciones. El Gobierno promete ahora flexibilizar un poco el acceso al dólar y moderar las retenciones para dentro de cinco años. Y lo hace a través de la firma de Kicillof, Moreno y Cameron, cuya facilidad para cambiar de opinión está demostrada en la misma promesa.

A pesar de estas debilidades, algunos empresarios proclives al oficialismo celebraron a través de un comunicado el nuevo régimen. A la cabeza de la lista figuró, para que todo quede claro, Chevron. Fue un entusiasmo inducido. Anteayer, el gerente de Relaciones Institucionales de YPF, Gonzalo López Nardone, dirigió un mail a los responsables de asuntos corporativos de casi todas las petroleras del país, en el que decía: "Como ya hemos hecho en otros casos, pero esta vez por una muy buena noticia [el decreto 929], quisiéramos impulsar en el día de hoy un comunicado de toda la industria apoyando esta iniciativa. Es por ello que les adjuntamos una propuesta de texto de comunicado, al cual nos gustaría que vuestras compañías se adhieran [el subrayado y las negritas son del texto original]".

El funcionario remitió el comunicado que después suscribieron las empresas, redactado por el jefe de prensa, Mariano Gibaut. Hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar una declaración oficial con semejante fervor privatista. Por lo visto, el Informe Mosconi de Kicillof no consiguió convencer a todo el mundo en YPF.

La característica principal de este proceso es la ausencia de debate, sin el cual es imposible dotar a la política energética de un mínimo consenso. La Argentina se reencuentra consigo misma. Perón negoció con California Standard Oil-Chevron casi en secreto. Arturo Frondizi emprendió su audaz apertura petrolera en el marco de un conflicto. Menem entregó YPF a Repsol apremiado por urgencias fiscales. Kirchner cedió el 25% de esa empresa a sus amigos Eskenazi entre gallos y medianoche. Y su esposa la estatizó en un operativo comando. Son decisiones con signos conceptuales muy distintos. Pero están emparentadas por un rasgo: todas fueron anuladas..

 

fuente: http://www.lanacion.com.ar